82% de las trabajadoras sexuales han sido agredidas físicamente
por su cliente o por un proxeneta al menos una vez durante su vida y en la
mitad de estos casos la agresión es recurrente. En un país donde la impunidad
por violencia de género es casi absoluta, quienes tienen en el trabajo sexual
su fuente de ingreso se encuentran en una situación especialmente vulnerable.
Tal como sucede con el tráfico de droga, la violencia hacia
las trabajadoras sexuales es auspiciada por la ilegalidad; personas con un
perfil violento se comportarán agresivas con una prostituta amparados por la
imposibilidad de una denuncia ante las autoridades; en Estados Unidos, por ejemplo,
se estima que más abusos hacia ellas son cometidos por policías que por sus
clientes.
Despenalizar el trabajo sexual no sólo es recomendado para
reducir la violencia hacia quienes lo practican, también la Organización Mundial
de la Salud lo sugiere como método para controlar y mejorar la salud pública.
Para evitar la transmisión de enfermedades sexuales, es necesario dejar de
perseguir a las trabajadoras sexuales y a cambio abrir puertas que les permitan
no sólo realizar los estudios de ETS, sino cuidar de su salud en general como
cualquier empleado formal.
La dignidad de un trabajo no reside en preceptos morales o
religiosos, la dignidad proviene de la legalidad, su correcto marco normativo y
de la garantía de los derechos laborales y humanos de sus trabajadores. Como
legisladores esta tarea está al alcance de nuestras manos.
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