29 septiembre 2014

PRESENTAN DIPUTADOS DEL PRD PRIORIDADES DE SU AGENDA LEGISLATIVA

                                                                                   México, D.F., a 29 de septiembre de 2014.

 

•Empujarán para que se dictaminen 33 iniciativas

presentadas desde hace meses ante comisiones y promoverán

38 nuevas propuestas en este periodo de sesiones.

 Hacen un llamado a la comisión de Procuración de Justicia

y de Salud, para que aceleren el trabajo parlamentario y

antes de concluir el año dictaminen los pendientes.

 

Esta mañana los legisladores del Grupo Parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa del DF, Polimnia Romana Sierra Bárcena, Roberto Candia Ortega y Manuel Alejandro Robles, en representación del llamado G11, integrado por los diputados Víctor Hugo Lobo Román, Dione Anguiano Flores,  Rocío Sánchez  Pérez, Carmen Antuna Cruz, Rafael Alejandro Piña, Diego Martínez García,  Alberto Martínez Urincho y Carlos Hernández presentaron ante los medios de comunicación los temas prioritarios de su agenda legislativa para este periodo de sesiones.

 

Éstos se dividen en 15 rubros generales como son: seguridad pública y cultura cívica, protección a la familia, justicia, derechos humanos, normatividad legislativa, espacio público e infraestructura, derechos sexuales y reproductivos, igualdad de género, desarrollo rural, gestión urbana, vivienda, participación ciudadana, rendición de cuentas y salud.

 

Aseguraron que impulsarán para su aprobación 33 iniciativasque ya fueron presentadas ante el pleno en los periodos anteriores y que se encuentran detenidas en comisiones,sumadas a las 38 nuevas propuestas que presentarán en los meses siguientes y para lo cual trabajarán de forma conjunta, realizando los cabildeos necesarios al interior del recinto para que éstas sean dictaminadas.

 

Como ejemplo de ello, el diputado Roberto Candia resaltó que “en materia de salud atenderemos el tema de prevención de embarazos no deseados en las y los adolescentes, pues según la Encuesta Nacional de Salud, hasta el 2012 casi el 52 por ciento de las mujeres de entre 12 y 19 años de edad, estuvieron en algún momento embarazadas y algunas de ellas abortaron, por eso nuestra iniciativa sugiere la instrumentación de servicios preventivos especializados con acciones de orientación para lograr un comportamiento sexual responsable.Donde la Secretaría de Salud del DF implemente programas de atención especializado en la materia, que atienda no sólo a los grupos habituales de adolescentes considerados en las encuestas de salud pública, sino ampliando la atención a las y los adolescentes menores de 14 años, pues justo en esa edad es cuando se encuentran más vulnerables a tener un embarazo no planificado”.

 

Por su parte, la legisladora Polimnia Romana subrayó “Insistiremos en la iniciativa que contempla derogar la fracción séptima, del artículo 24 de la ley de cultura cívica del DF, que considera al trabajo sexual como una falta administrativa, pues con ello se garantizará el derecho de las y los trabajadores sexuales a ejercer su oficio sin ser perseguidos y criminalizados por el estado”.

 

Agregó que aunque se han presentado otras iniciativas en la ALDF sobre trabajo sexual, éstas siguen observando y señalando a la prostitución como un oficio malo, pues desde una perspectiva prohibicionista, pretenden establecer horarios, poner zonas específicas, como sino se tratara de una actividad laboral tan digna como cualquier otra.  Por ello la propuesta que encabezan se basa en el marco constitucional y toma como referencia la sentencia emitida por una juez de distrito que consideró a esta fracción como anticonstitucional.

 

En su oportunidad el diputado Alejandro Robles destacó “la integración de una propuesta conjunta en materia de la Ley de Estacionamientos, que busca reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles, para evitar los abusos de los cuales son víctimas los usuarios en la Ciudad de México ygarantizar la responsabilidad civil de los establecimientosDel mismo modo, promover el tema en el Código Fiscal, para retomar la inclusión de la licencia de manejo permanente para el próximo año y así beneficiar a los conductores capitalinos”.

 

Además, anunció una iniciativa para que en el muro del órgano legislativo local, se develen en letras conmemorativas, las siglas “DDF” y “GDF” durante esta sexta legislatura y que se deje en cortinillas el símbolo de CDMX, para que una vez aprobada la reforma política pueda ser develada por los congresistas que realicen el constituyente para la Ciudad de México.

 

 

Además durante los meses siguientes presentarán ante el pleno de Donceles, 38 nuevas iniciativas en materia de derechos de las niñas y los niños, gobierno electrónico, seguridad y justicia, espacio público e infraestructura, salud, derechos de las familias, finanzas públicas, desarrollo económico sustentable, protección al medio ambiente y educación.

 

Finalmente, la legisladora Polimnia Sierra Bárcenahizo un llamado a dos comisiones, tanto la de Procuración y Administración de Justicia, como la Comisión de Salud “pues para nombrar magistrados trabajan muy rápido, pero para sacar adelante los dictámenes argumentan que hay mucha chamba”, por lo cual enfatizó la necesidad de apretar en el trabajo parlamentario, independientemente de que frente así comience el año electoral.


28 septiembre 2014

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL

Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL

 

1)
Contexto histórico de la lucha por el reconcomiendo del trabajo sexual independiente y no asalariado

 

Confinadas históricamente a estar incomunicadas entre sí y sin una posibilidad de organizarse en la defensa de sus derechos, en la segunda mitad del siglo XX inicia el movimiento por los derechos de los trabajadores sexuales. La primera gran batalla inicia en 1973 con la luchadora social Margo St. James quien pone en la mesa del debate político de aquella época el tema de los derechos de las trabajadoras sexuales. La división sexual del trabajo propició la construcción de estereotipos y roles que han dejado a las mujeres con pocas o nulas posibilidades de participar en la esfera pública, de trascender más allá del “deber ser” para “ser”, de apropiarse de su cuerpo y de tomar sus propias decisiones.

 

La lucha por lograr el reconocimiento del carácter laboral del trabajo sexual e independiente y no asalariado ha sido incesante en diversos países para pasar de un estado jurídico prohibicionista, que tiene como política el tomar acciones policiacas ante cualquier oferta sexual pública o privada que implique una retribución económica, ya que para el Estado, bajo el esquema prohibicionista, la persona que practica genera un trabajo sexual es una infractora o delincuente y debe responder ante la justicia por su conducta. Los bienes jurídicos tutelados son la moral pública y las buenas costumbres, argumento que deja de lado, el libre acuerdo de personas que no afecten a terceros, persiguiendo incluso los servicios que se otorgan en lugares privados.

 

Ya sea como una actividad de decisión libre o forzada (que se ejerce dentro de un contexto complejo de discriminación social y laboral y que se caracteriza por los prejuicios, la pobreza y la falta de oportunidades en el mercado de empleo formal), el trabajo sexual se ha convertido en una opción de subsistencia para hombres, mujeres y personas de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, travestista e intersexual.

 

Sin embargo, la ausencia de normas que reconozcan esta práctica como un trabajo permite la existencia de políticas públicas que lo criminalizan y reprimen, elevando con ello la vulnerabilidad de quienes lo ejercen. Esta condición se ha convertido en un obstáculo que impide el pleno ejercicio de los derechos de las y los trabajadores sexuales, lo cual se ha materializado en una violencia institucional que se ejerce por parte de la policía, por distintas instancias públicas –entre ellas las de salud–, e incluso por el Poder Judicial.

 

Es preocupante que quienes desempeñan esta labor la efectúen diariamente en condiciones de in-seguridad al carecer de protección jurídica para inhibir el abuso y la violencia en su contra que, con el argumento de combatir la trata de personas, se realiza por parte de las autoridades policiales y de procuración y administración de justicia, ante lo cual es urgente que este ilícito se diferencie del derecho a ejercer el trabajo sexual.

 

Por lo anterior, es impostergable establecer estrategias para dejar de criminalizar el trabajo sexual y afrontarlo desde una perspectiva de derechos humanos. Esto implica ofrecer opciones reales de educación, capacitación y empleo para las y los trabajadores sexuales que quieran y decidan libremente retirarse de esta actividad; mientras que para quienes por decisión propia opten por continuar ejerciéndola, esa actividad debe ser reconocida como un proyecto de vida que se ha de dignificar a través de políticas y programas institucionales de seguridad social, salud, educación y condiciones dignas de empleo.

 

Para hacer frente a estas condiciones discriminatorias e injustas se requiere el conocimiento de la legislación internacional, nacional y local que reconoce, garantiza, protege y pro mueve el ejercicio y disfrute de los derechos humanos para todas y todos. Ello implica generar, por parte de las propias personas, y aprovechar, cuando venga de instancias públicas, procesos de sensibilización, información, concientización y generación de capacidades para el ejercicio de derechos, incluyendo los humanos laborales, a la salud, a la educación y los sexuales.

Protección constitucional

 

Nuestro sistema Constitucional ha generado las bases para el reconocimiento del carácter laboral, independiente y no asalariado de las trabajadoras sexuales. Lo anterior con motivo de la resolución de la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Paula María García Villegas, en la cual se asume,  define y reconoce una lucha para lograr el reconocimiento del carácter laboral del trabajo sexual e independiente y no asalariado en México.

 

Lo anterior en el marco de los compromisos internacionales como Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ―Convención Belém Do Pará‖, a fin de recuperar y generar información sobre el nivel de la problemática en la Ciudad de México, los factores de género que inciden en ella y las responsabilidades de las instituciones gubernamentales.  

 

En la resolución la Juez reconoce el carácter laboral del trabajo sexual, sustentado en el artículo 5 de nuestro Máximo Ordenamiento al considerarlo como un oficio amparado por la libertad de trabajo que propugna por el derecho a la libertad de todas las personas para dedicarse a la profesión u ocupación que elijan.

 

Asimismo decreta la inconstitucionalidad del artículo 24, fracción VII, de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, que sanciona la promoción y el ejercicio de la prostitución.

 

No obstante la trascendental resolución, los efectos y contenido de la resolución va más allá de la simple declaración de inconstitucionalidad de la norma, determinando  tres puntos fundamentales:

 

PRIMERO.- Ponderación de derechos.- La sentencia realiza un ejercicio de ponderación entre la colisión de derechos fundamentales y la moral determinada por la mayoría. En el caso concreto de la prohibición del derecho a ejercer el trabajo sexual, señalando cuestiones de índole moral y por el otro, el derecho fundamental de libre ocupación y/o profesión. Dando como resultado la prevalencia de los derechos fundamentales sobre la moral dictada por la mayoría.  

 

El criterio judicial en comento sostiene que a pesar de que la licitud y la afectación de los derechos de la sociedad y de terceros son límites legítimos de la libertad de trabajo según el artículo 5º constitucional,dado que estas limitaciones no deben nulificar la libertad de trabajo. Las prohibiciones y restricciones que establece el legislador no deben contradecir el marco nacional e internacional de protección de derechos humanos.

 

 

SEGUNDO.- La resolución no solo reconoce el derecho a la libertad de todas las personas para dedicarse a la profesión u ocupación que elijan, entre ellos el trabajo sexual voluntario (que no sea ejercido en un contexto de explotación u otro tipo de violaciones de derechos humanos), sino que además reconoce en él un servicio personal que debe ser sujeto de justa retribución y protegido por la Constitución.

 

Define el objetivo del trabajo sexual a señalar que es un acto de interpretación: implica asumir uno o diversos roles, adaptarse a nuevos escenarios, buscar nuevas formas para generar placer en el otro y, en fin, mejorar la experiencia sexual lo que exige conocimiento técnico y habilidades específicas.  

 

La categoría de trabajo sexual destaca la exigencia de derechos asociados al ejercicio de una actividad laboral inserta en el mercado del sexo. Empero, es necesario tener muy presentes las condiciones estructurales y las causas que subyacen en esta actividad para poder constatar su componente voluntario y distinguirla del comercio sexual obligado y, particularmente, de la trata de personas con fines de explotación sexual, práctica en la que se encuentra ausente el consentimiento o éste es forzado después de tiempo de privación de la libertad y la pérdida de la autoestima.

 

TERCERO.- Sistema restituturorio de derechos. La sentencia no sólo se limita a declarar la inconstitucionalidad del artículo 24, fracción VII, de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal sino que emite una resolución para efectos, señalando acciones específicas a cargo de los órganos de gobierno del Distrito Federal para garantizar la restitución y pleno ejercicio de los derechos de libertad de todas las personas para dedicarse a la profesión u ocupación que elijan, en el caso concreto al trabajo sexual. Las acciones decretadas en la sentencia al Subdirector de Trabajo no Asalariado de la Secretaría de Trabajo y Fomento del Empleo del Gobierno del Distrito Federal son:

 

i. Expedir, fundada y motivadamente, credenciales de trabajador asalariado a los quejosos;

ii. Dar a conocer a los quejosos cuáles son sus derechos;

iii. Explicar a los quejosos qué autoridades iban a vigilar que la policía y el Ministerio Público no los hostigara, intimidara y extorsionara; y

iv. Ofrecer cursos y talleres para aquéllos que decidieran dedicarse a otro oficio.

 

Como se observa la Juez genera un sistema de garantías y ampliación de derechos a fin de hacer válidos y eficaces los derechos humanos de las personas obedeciendo los principios de progresividad y pro hominem de las personas.

 

En este contexto la iniciativa tiene como objetivo primordial la adecuación de nuestro marco normativo a fin de garantizar el respeto al derecho y reconocimiento del carácter laboral, independiente y no asalariado de las trabajadoras sexuales y abolir los resquicios del sistema de persecución y castigo de estas trabajadoras por uno que respete y reconozca el derecho a la libre ocupación y así consolidar nuestro bloque de constitucionalidad armonizando nuestro marco normativo a los principios de progresividad y pro hominem de los derechos de los habitantes de esta capital al derogar en principio y de forma urgente la sanción establecida en el artículo 24, fracción VII, de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.

 

 

22 septiembre 2014

APOYAN DIPUTADOS MAYOR INVERSIÓN PARA FORTALECER MOVILIDAD URBANA

                                                                           México, D.F., a 21 de septiembre de 2014

 

· Constatan diputados de la Comisión Especial para el Fomento en la Inversión de la Infraestructura para la Ciudad de México de la ALDF, avances en las obras de construcción de puentes vehiculares en Circuito Interior

· Además de los beneficios a peatones, automovilistas y usuarios del transporte público, el proyecto de rehabilitación de esta vialidad es una fuente importante de generación de empleos

· Circuito Interior tendrá 34 kilómetros de flujo continuo como vialidad rápida, asegura la Secretaría de Obras

 

Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se manifestaron a favor de impulsar mayor inversión para garantizar la movilidad urbana en la Capital a través de obras de beneficio colectivo como el Proyecto de Rehabilitación Integral del Circuito Interior.

Para constatar los avances de las obras anunciadas por el Gobierno del Distrito Federal para este año, integrantes de la Comisión Especial para el Fomento en la Inversión de la Infraestructura para la Ciudad de México realizaron hoy un recorrido por los trabajos de construcción de puentes vehiculares en circuito Río Churubusco.

 

Durante su visita a las obras que se realizan en el cruce con Avenida Canal de Tezontle, las cuales llevan un avance de más de 83% y que concluirán en octubre próximo, los diputados locales coincidieron en que este tipo de acciones forma parte de su responsabilidad legislativa, a fin verificar el cumplimiento de los trabajos de beneficio social que, en materia de infraestructura urbana, lleva a cabo la administración capitalina.

 

Roberto Candia Ortega, diputado presidente de la Comisión Especial para el Fomento en la Inversión de la Infraestructura para la Ciudad de México de la ALDF, aseguró que los proyectos 2014 que efectúa la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, responden a las necesidades de infraestructura y movilidad de los capitalinos, y se traducirán no sólo en beneficios para millones de peatones, usuarios de trasporte público y automovilistas, sino que también están generando fuentes de trabajo con salarios bien remunerados.

 

Este proyecto mejorará el flujo vehicular, acortará tiempos de recorrido evitando semáforos, los cuales generan embotellamientos, accidentes viales y cruces no seguros para los peatones; además, se trata de una obra importantísima para el desarrollo de otros proyectos de carácter nacional, como el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el que las administraciones federal y local deben trabajar de manera conjunta", comentó.

 

En su oportunidad, la diputada Poliminia Romana Sierra Bárcena, señaló la importancia de dar continuidad a obras como la de Circuito Interior, que inició con la anterior administración, ya que éstas inciden en el desarrollo y bienestar de los habitantes y la Ciudad.

"Se está garantizando la movilidad de los capitalinos, pues esta obra beneficia a seis delegaciones y cientos de miles de peatones, automovilistas y usuarios de transporte público, además de que se trata de proyecto que dan prioridad al medio ambiente y a la recuperación de espacios", dijo.

 

En tanto, José Castro Hernández, Director General de Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras del DF, indicó que luego de concluir estos trabajos se intervendrán tres puntos más de Circuito Interior, en los cruces de Molinos, Insurgentes y Tlalpan, lo que permitirá que por primera vez esta vialidad se convierta en una verdadera vía rápida con flujo continuo en 34 kilómetros, desde Mixcoac hasta el entronque de Patriotismo y Revolución.

 

Destacó que la incorporación de pilotes y trabes prefabricadas en la construcción de los puentes vehiculares de Canal de Tezontle y Avenida Te, permitió ahorrar cinco meses en el tiempo total de obra. La edificacón de proyectos de esta magnitud con otro método constructivo hubiera tomado por lo menos un año; hoy, con este tipo de infraestructura con la implementación de piezas prefabricadas requiere casi la mitad del tiempo, dijo.

 

La edificación de estos puentes vehiculares permitirá el reordenamiento vial a nivel superficial en ambos cruces al incorporar nuevos retornos continuos entre las laterales de Circuito. Habrá cuatro retornos dos debajo de cada puente- que permitirán a los automovilistas retomar los carriles laterales de la vialidad en dirección.

 

Los pasos peatonales de ambas intersecciones estarán debidamente señalizados y contarán con rampas de acceso que garanticen que las personas con discapacidad puedan transitar.

Finalmente, el Diputado Roberto Candia aseveró que obras de inversión y de movilidad como ésta, la del Circuito Interior, que redundan en beneficios colectivos, no sólo tienen que ser apoyadas, sino supervisadas para garantizar el cumplimiento del objetivo que les dio origen.