El presupuesto gubernamental es mucho más que un ejercicio contable. Es el principal instrumento de gestión de un gobierno, donde se evidencia cómo el país define prioridades y asigna sus recursos. Para el sector infantil priorizar programas y políticas sociales tiene un alto impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de las niñas, niños, y adolescentes. Constituye así una herramienta fundamental para contribuir a reducir la brecha entre la dimensión formal de los derechos y su implementación a través de las políticas públicas.
La izquierda progresista de la ciudad de México, tiene como uno de sus objetivos promover un cambio efectivo que coloque los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el centro de las políticas públicas, reduciendo la distancia existente entre el reconocimiento jurídico-formal de sus derechos y la implementación efectiva de los mismos.
Garantizar los derechos de niñas, niños, y adolescentes implica no solamente una responsabilidad legal y moral. También tiene implicaciones para las políticas económicas y sociales y, por consiguiente, para la asignación de recursos financieros.
En este contexto, el Gobierno del Distrito Federal promueve la inversión social en la infancia como una prioridad a través de instrumentos innovadores y únicos a nivel nacional y regional, como lo es la Ley de Atención a la Primera Infancia.
El actual sistema de protección a la infancia en la Ciudad de México requiere que los diversos actores involucrados, más aun nosotras como legisladoras, influenciemos de manera determinante en una asignación más equitativa y eficiente de los recursos públicos para las políticas de inversión social que tengan impactos positivos en la vida de las niñas, niños y adolescentes de la Capital, especialmente los más excluidos.
Por lo anterior resulta necesario eliminar la enorme disparidad existente en la distribución y ejercicio del gasto por sector poblacional.
Como lo hemos señalado el presupuesto de la capital para el próximo año aumentará, y esa disponibilidad de recursos nos obliga a canalizar el dinero a incrementar la inversión social, especialmente en la infancia, ya que esto se traduce en:
- Un instrumento de implementación efectiva de derechos;
- Crecimiento económico y productividad, y
- Un elemento indispensable para generar cohesión social y gobernabilidad democrática.
- Es decir, una inversión social y un desarrollo humano sostenidos son capaces de ensanchar las oportunidades para sectores cada vez más amplios de la población, construyendo canales de movilidad y ascenso social (reduciendo la desigualdad) y generando procesos estables de integración social.
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