Polimnia Romana: agosto 2012

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha validado la elección presidencial de 2012 con una sentencia injusta, violatoria del Estado de Derecho y que agravia a la mayoría de la sociedad mexicana. Los magistrados y la magistrada del Tribunal estuvieron lejos de actuar con imaginación jurídica para aplicar la constitución y las leyes vigentes y no tuvieron el mínimo discernimiento necesario para contribuir con su resolución a prestigiar a las instituciones democráticas.

El Tribunal demostró que no tiene el nivel ni la consistencia de un tribunal constitucional. No estuvo a la altura de su responsabilidad histórica. Nadie con honestidad podrá afirmar que su decisión vino a fortalecer el Estado de Derecho o a reducir la impunidad que carcome los cimientos de la nación.

Los defensores de la sentencia dicen que no había pruebas suficientes para demostrar las operaciones fraudulentas, el rebase del tope de gastos de campaña o la inequidad. Eso dicen, pero más que juzgar la elección juzgaron el recurso; para ellos no hubo un solo acto irregular en la elección. La mitad de las y los ciudadanos cree lo contrario.

Con esta sentencia y la propaganda oficial que la respalda se pretenderá colocar a quienes apoyan al movimiento progresista ante el dilema de: acatas la decisión del Tribunal o te rebelas contra el orden legal. Es un dilema falso y tramposo. Nosotros siempre hemos actuado de acuerdo con la ley y lo seguiremos haciendo. Lo que reprobamos es que de manera reiterada otros violen la ley, incluido ahora el Tribunal, sin que ello tenga consecuencias. Lo que denunciamos es el arreglo político que permite la impunidad y corrompe a la democracia al plegarse las instituciones a las decisiones de los poderes fácticos.

Sostenemos que la elección no se apegó a los principios de legalidad, imparcialidad, equidad, libertad, objetividad y certeza. Aceptarlo significaría dar carta de naturalización a las prácticas ilegales que tantos observamos. Sería renunciar a la posibilidad y necesidad de dejar de ser la democracia más desacreditada de América Latina.

En este momento tan delicado para la vida de la nación, donde la violencia se ha extendido, el crecimiento económico está por debajo del potencial, persiste el desempleo para los jóvenes y se acrecientan la pobreza y el descontento social, la decisión política más urgente es fortalecer y legitimar al Estado y sus instituciones. El Tribunal no ayudó a ese propósito. Su resolución profundiza la crisis de gobernabilidad democrática que vive el país y debilita el papel de las instituciones del Estado mexicano frente al desbordamiento de los poderes fácticos.

Ante estos hechos, nos mantendremos vigilantes y nos opondremos con determinación a cualquier intento de utilizar los instrumentos del poder y de la ley para atentar contra la libertad de opinión, manifestación y oposición. A evitar que desde el poder se impulsen contrarreformas a la constitución.

El dilema para la izquierda está resuelto. Defenderemos en todos los frentes de lucha, con lealtad y eficacia, el mandato de los casi 16 millones de votantes que confiaron en AMLO y en el cambio verdadero. La izquierda seguirá siendo la principal impulsora del Estado de Derecho. Seguiremos respetando la ley. Al mismo tiempo, lucharemos contra las muestras cada vez más evidentes de regreso al autoritarismo. Sí, tomamos partido, por la ley, la justicia, la democracia y la verdad.

En este sentido, la Comisión Política Nacional y el Secretariado Nacional, acordamos convocar a una reunión cumbre el próximo miércoles 5 de septiembre en la Ciudad de México a la cual asistirán gobernadores, dirección nacional de nuestro partido y representantes de los grupos parlamentarios del PRD. El propósito es diseñar una propuesta de plan de acción que en unidad con las izquierdas reestablezca la legalidad en nuestro país.

Adelantamos que acompañaremos la convocatoria de AMLO del próximo 9 de septiembre.

COMISIÓN POLÍTICA NACIONAL
SECRETARIADO NACIONAL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA