El presidente que vació la tribuna

Hay decisiones políticas que parecen resolver el conflicto de un día y terminan modificando las instituciones durante décadas.

El 1 de septiembre de 2006, Vicente Fox llegó al Palacio Legislativo de San Lázaro para rendir su sexto y último Informe de Gobierno. No pudo subir a la tribuna.

México acababa de vivir una de las elecciones presidenciales más controvertidas de su historia reciente. La diferencia entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador había sido mínima; la izquierda denunciaba la intervención del gobierno federal en el proceso electoral y el conflicto poselectoral estaba en uno de sus momentos de mayor tensión.

Afuera de la Cámara de Diputados había un enorme dispositivo de seguridad. Adentro, legisladores del PRD, PT y Convergencia decidieron ocupar la tribuna.

Carlos Navarrete, entonces coordinador de los senadores del PRD, denunció desde ahí el cerco policiaco y militar alrededor del Congreso. Diputados y senadores de izquierda se sumaron a la protesta. Entre los protagonistas de aquella jornada estuvieron también Javier González Garza y Pablo Gómez.

La demanda inmediata era retirar las fuerzas de seguridad que rodeaban San Lázaro. Pero nadie podía separar aquella protesta de lo que estaba ocurriendo en el país.

Para una parte importante de la izquierda, Vicente Fox había dejado de comportarse como árbitro institucional y había intervenido políticamente para impedir el triunfo de López Obrador y favorecer la continuidad del PAN en la Presidencia.

Cuando Fox llegó al Congreso, la tribuna ya estaba ocupada.

No entró al salón de sesiones.

Entregó por escrito su Informe en el vestíbulo del Palacio Legislativo y se retiró. Constitucionalmente había cumplido. Políticamente, acababa de terminar una época.

La imagen era poderosa: el Presidente de la República había llegado al Congreso de la Unión y no había podido llegar hasta su tribuna.

Tres meses después, el conflicto alcanzaría niveles todavía mayores.

El 1 de diciembre, durante la toma de protesta de Felipe Calderón, diputados del PAN y del PRD disputaron físicamente la tribuna durante días. Calderón finalmente entró al salón de sesiones por un acceso posterior, rindió protesta en unos cuantos minutos y salió prácticamente de inmediato.

La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo había llegado a un punto insostenible.

Dos años después, en 2008, el Congreso reformó el artículo 69 de la Constitución. A partir de entonces, el Presidente de la República dejó de estar obligado a acudir personalmente al Congreso para presentar su Informe. Bastaría con enviar el documento por escrito.

Así terminó una tradición que durante buena parte del siglo XX había simbolizado el presidencialismo mexicano.

Y aquí comienza la parte verdaderamente interesante de la historia.

Porque es cierto que había razones de sobra para terminar con el viejo “Día del Presidente”.

Durante décadas, el Informe presidencial había sido mucho menos un ejercicio de rendición de cuentas que una ceremonia de exaltación del poder. El Presidente hablaba durante horas; los legisladores de la mayoría aplaudían; las calles se llenaban de propaganda y buena parte de la vida política nacional giraba alrededor del mandatario.

Aquello no era precisamente un ejemplo de equilibrio entre poderes.

Pero después de 2006 hicimos algo muy mexicano: en lugar de transformar el ritual democrático, simplemente lo eliminamos.

Y quizá ahí perdimos una oportunidad.

Porque el problema nunca fue que el Presidente estuviera frente al Congreso.

El problema era que estaba frente a un Congreso que durante décadas no podía cuestionarlo.

Una democracia madura podría haber hecho exactamente lo contrario: conservar la presencia del titular del Ejecutivo, pero convertirla en un verdadero ejercicio republicano de rendición de cuentas.

Que el Presidente acudiera.

Que informara.

Que escuchara a la oposición.

Que respondiera preguntas.

Que defendiera sus decisiones.

Que los legisladores pudieran cuestionar cifras, políticas públicas, resultados y omisiones.

Es decir, pasar del “Día del Presidente” al día de la rendición de cuentas.

Pero elegimos otra salida.

Desde entonces, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum han gobernado bajo un esquema en el que el Informe presidencial puede entregarse al Congreso sin que el titular del Ejecutivo tenga que presentarse personalmente ante quienes representan la pluralidad política del país.

Ninguno está constitucionalmente impedido para pisar la tribuna. Lo que desapareció fue la obligación de hacerlo para presentar el Informe.

Y una vez que desapareció la obligación, desapareció también el ritual.

Por eso resulta tan interesante regresar a aquel 1 de septiembre de 2006.

La profunda confrontación que rodeó el último Informe de Vicente Fox terminó teniendo una consecuencia que probablemente pocos imaginaron aquella tarde: modificar para todos sus sucesores la relación entre la Presidencia y el Congreso durante la presentación del Informe.

Una crisis coyuntural produjo una solución permanente.

Quizá, veinte años después, valdría la pena volver a discutirla.

No para recuperar las seis horas de aplausos, las caravanas presidenciales ni aquella liturgia del poder que confundía rendición de cuentas con culto al mandatario.

Eso pertenece al pasado y ahí debe quedarse.

Pero sí para preguntarnos algo mucho más sencillo:

¿por qué el Presidente de México no debería presentarse una vez al año ante el Congreso, mirar de frente a todas las fuerzas políticas y responder por el gobierno que encabeza?

Una democracia no debería temerle a esa escena.

Al contrario.

Un Ejecutivo fuerte no es el que evita al Congreso. Es el que puede presentarse ante él y rendir cuentas.

Vicente Fox fue el último presidente obligado a acudir al Congreso a presentar su Informe. Y la paradoja histórica es formidable: precisamente porque en su último Informe no pudo llegar a la tribuna, terminó contribuyendo a que ninguno de sus sucesores tuviera que hacerlo.

Tal vez llegó el momento de preguntarnos si aquella solución de 2008 sigue siendo la mejor.

Porque para acabar con el Día del Presidente no era necesario acabar con el día en que el Presidente rindiera cuentas ante el Congreso.