Ayer en Cuajimalpa, conocí a una mujer de 27 años con cuatro hijas. Cargaba a la más pequeña en brazos cuando le pregunté, con genuina curiosidad, si quería tener más hijos. Me respondió sin dudar: no. Me dijo que quería operarse, que ya había tomado una decisión sobre su cuerpo, su vida y su maternidad. Pero el médico le dijo que no. Que estaba muy joven. Que después.
En esa escena hay algo más profundo que una negativa médica. Hay una estructura completa operando. Porque no se trató de una recomendación, ni de un proceso de información, ni de consentimiento informado. Se trató de una decisión que le fue arrebatada. Al final, no se hizo lo que quiso la mujer, la paciente. Se hizo lo que decidió el médico.
Eso también es violencia obstétrica.
Durante años, hemos asociado la violencia obstétrica únicamente con el momento del parto: cuando una mujer es ignorada, infantilizada, intervenida sin consentimiento o violentada física o verbalmente mientras da a luz. Pero esa es solo una parte del problema. La violencia obstétrica también ocurre antes y después. Ocurre cuando se limita el acceso a métodos anticonceptivos definitivos. Ocurre cuando se cuestiona la capacidad de una mujer para decidir sobre su fertilidad. Ocurre cuando el sistema de salud actúa como guardián del cuerpo de las mujeres.
En México, este no es un fenómeno aislado. Alrededor del 31% de las mujeres que han tenido un parto reportaron haber vivido algún tipo de violencia obstétrica. Es decir, una de cada tres. No estamos hablando de excepciones. Estamos hablando de una práctica sistemática.
Y, sin embargo, las denuncias son mínimas. Apenas 710 quejas registradas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en años recientes. La distancia entre lo que viven las mujeres y lo que se denuncia es abismal. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera se reconoce como violencia. Porque el abuso se normaliza. Porque enfrentarse al sistema de salud implica desgaste, tiempo y, con frecuencia, impunidad.
Lo que vivió esta mujer de 27 años no es un caso aislado ni un “mal médico”. Es la expresión de un sistema atravesado por una lógica profundamente paternalista: la idea de que las mujeres no siempre saben lo que quieren, de que hay que protegerlas de sus propias decisiones, de que su capacidad reproductiva debe ser administrada.
Mientras a las mujeres se les niega el acceso a procedimientos como la ligadura de trompas bajo argumentos paternalistas, la corresponsabilidad masculina en la planificación familiar sigue siendo mínima. En México, menos del 2% de los hombres en edad reproductiva opta por la vasectomía, a pesar de ser un procedimiento mucho más sencillo, seguro y menos invasivo que la mayoría de los métodos definitivos para mujeres.
La carga reproductiva sigue recayendo casi exclusivamente en ellas. En sus cuerpos. En sus decisiones, o más bien, en la falta de ellas.
Además, la violencia obstétrica ni siquiera está tipificada como delito a nivel federal. Esa ambigüedad es parte del problema.
Por eso el llamado es claro.
A la Presidenta de este país, a las legisladoras federales, a las autoridades de salud: es momento de asumir que la violencia obstétrica no es un tema estructural. Pero también es momento de nombrar su origen.
La violencia obstétrica no nace de la nada. Nace de una forma de ejercer el poder: vertical, autoritaria, profundamente paternalista. Una forma de entender la medicina donde el médico decide y la mujer obedece. Ese modelo ya no es aceptable.
Hoy sabemos que los derechos reproductivos implican autonomía, consentimiento y decisiones informadas. El médico no es una autoridad moral sobre el cuerpo de las pacientes. Es un profesional al servicio de sus decisiones.
La Ciudad de México ya dio un paso importante al reconocer la violencia obstétrica como delito. Ese camino no puede quedarse aislado. Si este gobierno ha apostado por ampliar derechos, este es el momento de demostrarlo también en los cuerpos de las mujeres.
Porque no hay transformación posible si las decisiones más íntimas siguen siendo controladas por otros. Porque decidir sobre el propio cuerpo no debería ser un privilegio. Debe ser un derecho garantizado.
