Veinticuatro gobernadoras y gobernadores encontraron tiempo, palabras y espacio en sus redes sociales para firmar un desplegado.
La causa, al parecer, lo ameritaba: Estados Unidos había retirado la visa a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente de México.
En cuestión de horas aparecieron las palabras solemnes: soberanía, injerencia, dignidad, independencia, autodeterminación. Veinticuatro mandatarios cerraron filas para defender a un ciudadano mexicano al que otro país decidió retirarle el permiso para entrar a su territorio.
Un ciudadano.
No un jefe de Estado. No un gobernador. No un diplomático mexicano. Ni siquiera un funcionario público. Un ciudadano al que le retiraron una visa.
El problema no es que lo defiendan. Andrés Manuel López Beltrán, como cualquier mexicano, tiene derecho a inconformarse ante una decisión que considere injusta.
El problema es otro: ¿dónde estaba esa indignación cuando los afectados eran mexicanos sin apellido poderoso?
Desde enero de 2025, 17 mexicanos han muerto bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE: 14 fallecieron mientras se encontraban bajo custodia y tres durante operativos migratorios. El propio Gobierno de México ha iniciado acciones para esclarecer las circunstancias de esas muertes y ha enviado notas diplomáticas de protesta.
Para ellos no hubo desplegado de 24 gobernadores.
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y hasta el pasado 13 de agosto, México había recibido a 271,193 connacionales repatriados desde Estados Unidos, de acuerdo con cifras del propio Gobierno federal.
Doscientos setenta y un mil ciento noventa y tres mexicanos. Para ellos tampoco hubo 24 firmas.
Y ahora conocemos algo todavía más difícil de explicar.
Durante 2026, Estados Unidos ha enviado cerca de 2,300 ciudadanos mexicanos a Guatemala, antes de su traslado a nuestro país. A ellos se suman al menos 247 mexicanos enviados a Honduras.
Mexicanos deportados por Estados Unidos que, en lugar de ser repatriados directamente a México, fueron trasladados primero a terceros países.
¿No era ése un buen momento para hablar de soberanía? ¿No ameritaba un desplegado?
¿No era entonces cuando había que recordar a Washington que México es un país independiente y que sus ciudadanos merecen un trato digno?
Silencio.
Pero bastó una visa.
Y, sobre todo, bastó un apellido.
Porque resulta inevitable preguntarse por qué la soberanía nacional parece adquirir distinta importancia dependiendo de quién sea el mexicano afectado.
Una visa estadounidense no es un derecho constitucional mexicano. Es una autorización administrativa que concede otro Estado para permitir el ingreso a su territorio.
La vida sí es un derecho.
La integridad física sí es un derecho.
El debido proceso sí es un derecho.
La asistencia consular sí es un derecho.
Y el trato digno a nuestros migrantes debería ser una causa nacional.
Por eso sorprende la capacidad de coordinación de 24 gobernadoras y gobernadores cuando el afectado pertenece al círculo más cercano del poder, frente a la ausencia de un pronunciamiento conjunto comparable ante lo que viven miles de mexicanos en Estados Unidos.
Y vale la pena aclararlo: no se trata de afirmar que ninguno de esos gobernadores haya hablado jamás de migración. Se trata de algo mucho más concreto y evidente.
Para 17 mexicanos muertos no vimos las 24 firmas.
Para más de 271 mil repatriados no vimos el desplegado.
Para los miles de mexicanos enviados a Guatemala y Honduras no vimos la defensa colectiva de la soberanía.
Pero para una visa, sí.
Quizá la diferencia esté en que nuestros migrantes no tienen apellidos conocidos.
Son quienes limpian casas y oficinas, quienes trabajan en restaurantes, quienes cosechan los alimentos que llegan a las mesas estadounidenses, quienes construyen edificios, cuidan niños, atienden jardines y realizan algunos de los trabajos más duros de la economía del país vecino.
Muchos llevan décadas allá. Muchos mandan cada mes una parte de lo que ganan a sus familias en México. Y muchos quizá nunca tuvieron una visa que Estados Unidos pudiera cancelarles.
Pero tienen algo infinitamente más importante: derechos.
También tienen familias. También tienen nombre. Y también son mexicanos.
Por eso la pregunta para aquellas 24 gobernadoras y gobernadores es sencilla:
¿Cuántos mexicanos tienen que morir para merecer un desplegado?
¿Cuántos tienen que ser detenidos? ¿Cuántos deben ser deportados?
¿Cuántos tienen que ser enviados a un tercer país?
¿Qué necesita una familia migrante para recibir la misma solidaridad política que provocó, en unas horas, la cancelación de la visa del hijo de un expresidente?
Porque la soberanía no puede aparecer solamente cuando el afectado pertenece al círculo del poder.
La dignidad nacional no puede depender del apellido.
Y la defensa de nuestros ciudadanos no debería depender de a quién conocen, de quién son hijos ni del lugar que ocupan dentro de un movimiento político.
Si 24 gobernadores pudieron ponerse de acuerdo para defender a un ciudadano porque Estados Unidos decidió que ya no podía entrar a su territorio, deberían poder hacerlo también por quienes están siendo obligados a salir de él.
La próxima vez que quieran hablar de soberanía quizá no necesiten buscar otro desplegado.
Basta con mirar hacia la frontera.
Ahí hay miles de mexicanos esperando descubrir si la dignidad nacional de la que tanto hablan también los incluye a ellos.
