La pobreza también ocupa las horas de la infancia en la CDMX

En la Ciudad de México, la población de 5 a 17 años en situación de trabajo infantil pasó de 59 mil 469 en 2022 a 112 mil 971 en 2025. La proporción subió de 4 a 8 por ciento. Son más de 53 mil niñas, niños y adolescentes adicionales en apenas tres años. La capital se mantiene entre las entidades con menor incidencia, pero eso no debería servir para restarle importancia al aumento. 

Hay que leer bien qué cuenta el INEGI. No todas esas personas tienen un empleo remunerado. La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil incluye tanto las ocupaciones no permitidas —por la edad o por el riesgo que implican— como los quehaceres domésticos que se realizan durante jornadas prolongadas o en condiciones peligrosas. Una misma persona puede estar en ambas categorías. 

En la capital, la tasa de ocupación no permitida creció de 2.5 a 4.2 por ciento entre 2022 y 2025. La de quehaceres domésticos inadecuados subió de 1.7 a 4.5 por ciento. Este segundo dato obliga a mirar más allá de los puestos callejeros y los mercados: también hay trabajo infantil cuando las tareas del hogar, por su duración o riesgo, afectan la salud, el desarrollo o el tiempo para estudiar y descansar. 

Detrás de estas cifras hay hogares donde el dinero no alcanza. Cuando una madre sostiene sola a su familia o no cuenta con una corresponsabilidad paterna efectiva, la necesidad puede empujar a sus hijas e hijos a trabajar. La ENTI no permite afirmar que la mayoría de quienes trabajan hayan sido abandonados por sus padres; sí obliga a preguntarnos cuánto pesa la ausencia de apoyo económico y de cuidados en las decisiones que enfrentan esas familias.

También hay una tensión dolorosa: para muchas niñas, niños y adolescentes, asistir a la escuela puede parecer un obstáculo inmediato para conseguir ingresos. La escuela ocupa tiempo, mientras que la necesidad de comer y pagar los gastos de casa no espera. Pero dejar los estudios o reducirlos para trabajar suele cerrar oportunidades de acceder, más adelante, a un empleo digno y mejor remunerado. No es que estudiar sea el problema: es que las familias necesitan alternativas para que la urgencia económica no obligue a elegir entre escuela y sustento.

Las becas escolares ayudan, pero por sí solas no resuelven integralmente la deserción. Si el ingreso familiar depende del trabajo de una niña o un adolescente, una transferencia puede ser insuficiente frente a la falta de empleo digno para las personas adultas, los gastos cotidianos, los cuidados y la necesidad de acompañamiento escolar. Hace falta una política que atienda el conjunto de esas condiciones.

La escuela aparece en el centro del problema. De acuerdo con el INEGI, 29 mil 137 menores de la Ciudad de México en situación de trabajo infantil no asistían a clases en 2025: alrededor de uno de cada cuatro. A nivel nacional, la tasa de trabajo infantil fue de 48.4 por ciento entre quienes no asistían a la escuela y de 9.9 por ciento entre quienes sí lo hacían. La relación es clara, aunque esos datos por sí solos no prueban que trabajar haya causado que alguien dejara la escuela; también pueden intervenir la pobreza y otras dificultades del hogar. 

Hay además una responsabilidad pública. Si el gobierno no garantiza apoyos suficientes, servicios de cuidado, acceso efectivo a la escuela y protección frente a la explotación, las familias quedan solas ante un problema estructural. Y si denunciar implica miedo, estigma o el riesgo de que se criminalice a una familia pobre en lugar de proteger a sus integrantes, muchas situaciones pueden permanecer ocultas. La respuesta debe distinguir entre quien explota y quien enfrenta la pobreza, y ofrecer protección sin castigar a las familias por pedir ayuda.

La ENTI es una encuesta, no un conteo individual: el INEGI entrevistó en 78 mil 342 viviendas y ofrece estimaciones representativas por entidad. Permite advertir la dimensión del problema, pero no identificar por sí sola en qué alcaldías se concentra ni qué produjo el incremento. Para eso hacen falta diagnósticos locales y políticas que atiendan tanto la explotación laboral como las cargas domésticas excesivas. 

Que la CDMX esté entre las entidades con menor tasa no consuela a las más de 112 mil niñas, niños y adolescentes que aparecen en esta estimación. La pregunta no es sólo cuántos trabajan en la calle. También es qué pasa en los hogares donde el ingreso no alcanza, quién comparte la responsabilidad de sostener y cuidar, y qué debe hacer el gobierno para que la infancia no se convierta en una respuesta a la precariedad.