EDUCACIÓN Y SEGURIDAD EN EL DISTRITO FEDERAL

EDUCACIÓN Y SEGURIDAD EN EL DISTRITO FEDERAL

Miguel Ángel Cruz Bencomo

JUSTIFICACIÓN

La presente ponencia contiene apenas las primeras fichas de trabajo para el
estudio particular de la relación entre la seguridad y la educación en el Distrito
Federal. Su contenido esta basado en la recopilación del “estado del arte” que se
haya disponible a la opinión pública.
Nuestro enfoque busca acercarse con especial atención a la interdependencia
entre los jóvenes, la educación media, la cultura cívica, los delitos y la calidad de la
educación en los centros de readaptación social de la ciudad de México.
La actual preocupación ciudadana en la problemática mundial y nacional de la
delincuencia por un lado y por otro las políticas públicas asumidas por el actual
Gobierno del Distrito Federal en esta materia, en la búsqueda de la equidad en
todos sus aspectos y el impulso a la universalidad de la educación, nos invita a
promover la articulación de estas acciones, toda vez que su realización de manera
aislada conlleva a resultados magros, que son interpretados negativamente por la
sociedad cuando no se cumplen sus expectativas.
Entendemos que la delincuencia esta referida a las infracciones producidas en un
tiempo, lugar y cultura específica, que su causalidad es multifactorial (marginación,
empleo, ingresos, etc.) y por lo tanto no se explica totalmente con la educación,
que existen estudios contradictorios en cuanto al rol desempeñado por ésta y que
la orientación en la aplicación de medidas extremas de reclusión y castigo son una
tentación grande para amplios sectores de la sociedad en su propósito de acabar
con la delincuencia; pero estamos ciertos que todos estarán de acuerdo en que su
papel es determinante en la prevención del delito y la reinserción social, de ahí que
busquemos incidir en elevar la seguridad a través de aumentar la escolaridad.
INTRODUCCIÓN
Sabido es que las sociedades establecen dentro de sus propias condiciones
culturales generales, normas, instituciones y “trabajadores profesionales”, para
atender lo que Bastide1 ha dado en llamar “el manejo de sus residuos sociales”:
delincuentes, mendigos, prostitutas, enfermos mentales, revolucionarios, etc. Esta
relación de marginalidad que delimita modos distintos de participación social,
continúa sin embargo manteniendo interrelaciones económicas, sociales, políticas,
éticas y legales entre los distintos actores, que los afectan a uno y otro. Por tanto,
es comprensible que la sociedad no busque eliminarlos de por vida, sino
apartarlos, recluirlos, tratarlos y reeducarlos para su reintegración a las pautas
culturales compartidas por la mayoría y al ejercicio pleno de sus derechos y
obligaciones ciudadanas.
Estos grupos que llegan a crear sus propios modelos de “inconducta social”,
marginales con respecto al modelo dominante, pero determinante en su propio
medio; no son capaces la gran mayoría de las veces, de buscar por mutuo propio
su reingreso social, debido a las “ganancias secundarias” que obtienen, a su
incapacidad psicosocial, al rechazo del resto de la comunidad, etc. Es así que la
propia sociedad que los separa tiene que esforzarse y trabajar para su
reintegración, las instituciones y los mecanismos para lograrlo son diversas y
“adecuadas” a cada circunstancia: hospitales, medicamentos, terapias
conductuales y de reinterpretación simbólica, etc. para los enfermos mentales;
ofrecimiento de trabajos formales para prostitutas; etc.
Para los delincuentes, sector que particularmente nos interesa, el resguardo y el
castigo han sido superados en el terreno de lo formal, por la reeducación; las
cárceles se han convertido en centros de readaptación social. Desgraciadamente,
la práctica cotidiana nos recuerda a cada momento que los reclusorios son mucho,
más una “escuela del crimen”, que una de superación personal.
1 Bastide, Roger, “Sociologia de las enfermedades mentales”, Siglo XXI, México, 2005
Dado que las cárceles conforman verdaderas comunidades con sus propios
códigos desviados establecidos por los delincuentes, la sociedad debe establecer
su contrapeso ahí mismo, con las normas de civilidad que son determinantes
afuera, si queremos que el recluso recupere su sentido de ciudadano y su
reinserción sea factible cuando termine su condena. En este sentido, la educación
formal y su contenido específico de cultura cívica, son el más importante medio
para la formación de ciudadanos y la integración y la movilidad social; más aún,
para muchos, la única posibilidad, sobre todo en nuestra sociedad donde se
establece su gratuidad y donde la gran mayoría de los delitos cometidos son del
fuero común, de baja peligrosidad y los recluidos son primo delincuentes.
Esta necesidad de educación se hace verdaderamente alarmante e imperiosa
cuando la relacionamos con los jóvenes, las condiciones de desigualdad social, el
rezago educativo y el incremento de la delincuencia.
EDUCACIÓN Y CRIMINALIDAD
Así como los estudiosos entienden que el comportamiento delictivo es el resultado
de la interacción de un conjunto de variables sociales, familiares e individuales, de
manera consensual aceptan en lo general, que a mayor educación menores
índices delictivos.
Entendiendo como factores de riesgo aquellas condiciones sociales o personales
que abrumadoramente presionan a los individuos y aumentan la probabilidad de
alteraciones individuales que provocan el desajuste social, tales como la
marginación, la desintegración familiar, la baja escolaridad, etc.; algunos autores
consideran que “la permanencia escolar es el factor que más influye en el
mejoramiento de las posibilidades futuras de inserción social y desarrollo personal
pleno”, colocando la permanencia en la escuela como la condición protectora
fundamental contra el comportamiento delictivo, ya que no se pierde contacto con
el referente normativo de la ciudadanización.2
2 Hein W. Andreas, “Factores de riesgo y delincuencia juvenil”
Algunas investigaciones señalan que en “Estados Unidos un año más de estudios
para desertores escolares, baja los asesinatos y asaltos en un 30% y robos de
autos en un 20%; y que los desertores del nivel secundaria tienen una esperanza
de vida 9.2 años inferior a los que la completan”.3
Utilizando el modelo del mercado económico de crimen y castigo con el cual es
posible predecir, el aumento de individuos delincuentes si los beneficios esperados
por su actividad ilícita generan una mayor ganancia y por el contrario, una
disminución cuando la probabilidad de la pena y la severidad del castigo aumenta;
se estimó de acuerdo al enfoque agregado que contempla como una de sus
variables principales la educación (las otras son el desempleo, el ingreso per cápita
y la urbanización) , que en México de 1980 al 2001, un año más de estudios
hubiera bajado en casi un 5% el número total de delincuentes procesados.4
Considerando que el incremento en la escolaridad coadyuva a una mayor
movilidad laboral que repercute en un ingreso mayor, la economía del delito tiene a
elevar la expectativa de la ganancia, la cual pone a su vez obstáculos para la
“tentación” a delinquir.
Aunque en términos generales la anterior relación es cierta, el fenómeno de la
relación delincuencia escolaridad es más complejo, Kessler (2003) afirma que los
nuevos estudios están de acuerdo en que “la institución escolar no tiene
importancia en la génesis de conductas delictivas, aunque su accionar favorece o
contrarresta tendencias que se gestan por fuera de ella.”
Este autor presenta estudios donde señala que el 58% de los menores detenidos
por robo, se encontraban estudiando cuando delinquieron. Menciona que
investigaciones norteamericanas e inglesas han establecido que solo una
pequeñísima parte de los adolescentes delincuentes, adoptan una “carrera
criminal”, independientemente de los niveles de empleo.
3 Kliksberg, Bernardo, “Más educación, menos delito”, La Nación 01.09.2008
4 Cruz Hernández, M. y Jerónimo Brocado, R.: Análisis económico de la delincuencia en México: 1980 - 2001 en Revista de
la Universidad Cristóbal Colón Número 19, edición digital a texto completo en http://www.eumed.net/rev/rucc/20/
A nivel de las teorías psicológicas, es un hecho también reconocido que “los
reforzamientos positivos, aunque más lentos para implantar conductas, produce
comportamientos más duraderos que el castigo, ya que éste conlleva emociones
negativas asociadas y la probabilidad de que la conducta eliminada vuelva a
aparecer cuando el represor este ausente. En este sentido la educación aunque
más lenta en sus resultados, introyecta no solo conocimientos sino valores
culturales propios de la sociedad que los transmite.
EDUCACION Y POBLACION EN RECLUSION
En América latina el 24.7 está fuera de cualquier opción de educación. De acuerdo
a la CEPAL, para superar la pobreza se requieren 12 años de escolaridad es decir
haber concluido el nivel de bachillerato.
En México el promedio de escolaridad se encuentra en 9.7 años, es decir
educación básica terminada
En la Ciudad de México viven 1, 813, 156 jóvenes entre 15 y 25 años, los que
representan el 28.7% del total de sus habitantes.
De acuerdo al INEGI el Distrito Federal es la entidad federativa con el mayor
número de jóvenes de 15 a 29 años que estudian, con un 41.6%; aún así el rezago
es muy importante56:
• De los 6 720 313 habitantes de 18 años y más 48.6% no tienen estudios de
bachillerato y otro 7.6% tiene uno o dos grados.
• Del total de jóvenes entre 15 y 19 años el 32.7% no asiste a la escuela.
• La eficiencia terminal en el año 2004-2005 en la secundaria fue del 81.5% y
en preparatoria del 43.8%.
• El 42% abandonaron la escuela por motivos económicos.
5 “La Universalización de la Educación Media Superior en la Ciudad de México”, Secretaria de Educación, GDF, México,
2008.
En cuanto a los indicadores en el Distrito Federal, la reprobación y la deserción
en 2005-2006 en el nivel secundaria fue de 23.6% y 5.3% respectivamente; dando
un paso gigantesco la deserción en el nivel de bachillerato donde las cifras indican
un 19.3 y el 15.2% respectivamente, más aún en el nivel técnico- bachiller donde
los índices fueron del 29.7% y 21.3% respectivamente7.
En lo que a la población en reclusión las cifras8 nos indican que:
• Uno de cada 3 comenzó a trabajar a los 12 años y uno de cada 2 a los 15
años.
• 4% de los internos nunca asistió a la escuela antes de su detención por
primera vez.
• Uno de cada 4 internos no logro concluir su educación primaria.
• El 16.7% tiene primaria incompleta
• El 20.7% Primaria completa
• 19.3% Secundaria incompleta
• 19.7 Secundaria completa
• 12.1% Preparatoria o técnica incompleta
• 6.3 Preparatoria o técnica completa
• 2.9% Universidad incompleta
• 1.9% Universidad o más
En estos indicadores destaca la diferencia de casi el doble de detenidos con
bachillerato incompleto en relación a la preparatoria terminada y el triple entre los
reclusos con secundaria completa y los de preparatoria completa.
En el caso de los menores esta situación es todavía más grave, de acuerdo a la
Comisión de derechos humanos:
• El 34% de los remitidos a los juzgados eran estudiantes.
• A nivel nacional los jóvenes infractores de 12 a 18 años, representan el 1%
de la población total de ese rango.
• De cada 100 delitos uno es producido por un menor de edad.
• El 68% los infractores tenía entre 16 y 17 años.
• El 71% de los menores que en el año de 2006 ingresaron al Consejo de
menores no concluyó sus estudios de secundaria.
7 “Numeralia Educativa del Distrito Federal”, Secretaría de Educación del Distrito Federal, GDF, México 2008.
8 Bergman Marcelo, Azaola Elena, Magaloni Ana Laura, “Delincuencia, Marginalidad y Desempeño Institucional”. Resultados
de la segunda encuesta a población en reclusión en el Distrito Federal y el Estado de México.
En cuanto a las condiciones socio-psicológicas de los infractores juveniles, se dice
que la mayoría presenta rasgos de personalidad normales, que “son afectados por
situaciones disfuncionales que no perturban de manera especialmente anormal, ni
la conciencia, ni la capacidad espontánea de decisión, ni la emotividad o
afectividad” 9y que sus infracciones se refieren a actos de vandalismo, producidos
por perturbaciones propias del cambio producido en la adolescencia; a pequeños
hurtos ligados a su necesidad de reafirmación social; delitos contra el patrimonio o
sexuales cometidos por su incapacidad para resistir sus impulsos y finalmente los
que son producidos por dar satisfacción a las necesidades surgidas en la sociedad
de consumo.

DESESCOLARIZACIÓN Y ABULIA ESCOLAR DE LOS INFRACTORES
Los jóvenes infractores reportan como causas de su deserción escolar 3 motivos
principales: problemas de conducta, la falta de interés y los problemas
económicos. Aunque el orden de prioridad en las causas varia, la falta de interés
que se ubica entre el 25 y el 35% es significativo, manifestando los jóvenes que su
abandono se debe a que “no entienden las clases o que lo aprendido no les sirve
para nada”10. Se ha dicho también, que los jóvenes que abandonan la escuela por
este motivo, tienen mayor probabilidad de cometer actos ilícitos que aquellos que
lo hacen por motivos económicos.
Aún cuando los internos reconocen que la escuela, es prácticamente la única
instancia que les puede brindar opciones socialmente aceptadas, para su futuro
fuera de la prisión; la expectativa concreta que se genera a causa de ella no es
muy alentadora, debido quizás a las condiciones adversas de desigualdad, falta de
oportunidades para continuar con los estudios, marginación, desempleo, etc. que
existen en nuestra sociedad. Algunas autoridades penitenciarias han manifestado
que muchos de los internos poseen una abulia casi permanente que los lleva a
ignorar los programas de apoyo que funcionan dentro de los reclusorios.
9 Morant Vidal, Jesús. “La delincuencia juvenil”, Noticias Jurídicas, España, 2003
10 CONAPO
Los jóvenes reclusos poco hablan de la escuela, aceptan su fracaso escolar pero
tampoco muestran una animadversión extrema hacia la institución. Cuando
Abandonan la escuela se encuentran presente varias consideraciones11:
1. Cuando los contenidos escolares les resultan incomprensibles, se refieren
de una manera general a la currícula y no a materias o contenidos
específicos; es decir, lo que no entienden es la relación y la utilidad de la
enseñanza escolar con los desafíos de la vida en sociedad; de ahí que su
dificultad para la adaptación en ésta lo lleva de la mano a dificultades
también en la esfera del empleo. El abandono escolar,
2. Manifiestan un sensación de poca importancia hacia las repercusiones que
tiene hacer o no hacer los deberes escolares, esta situación los conduce a
reprobar y más aún a desertar, pero tampoco aquí la sensación de conflicto
o pesar alcanza niveles importantes.
3. Asociada al sentimiento anterior aparece la desolación, a los profesores
parece no importarles mucho los fracasos dado que reciben órdenes de
pasarlos de año, los padres tampoco se encuentran al pendiente de sus
necesidades, excepto cuando se encuentran en el nivel básico. Aquellos
infractores que sobrepasan éste nivel, aducen que continuaron sus estudios
por la mirada vigilante de sus padres, por la costumbre o por la falta de
oportunidades de empleo.
4. La valoración hacia la escuela tiene importancia en la medida que
alfabetiza, no más allá; esto es, a medida que se avanza en el nivel de
escolaridad se pierde el sentido de su utilidad en la vida.
5. Los estudiantes infractores que abandonan la escuela pasan primero por
una relación de “baja intensidad”, donde hacen poca tarea, no estudian para
las clases, faltan, no llevan apuntes, etc. Esta relación los lleva a un nivel de
“desenganche” el cual puede mostrar dos situaciones: una deserción sin
violencia que mantiene relaciones de sociabilidad y la otra conflictiva, donde
los problemas de convivencia con los maestros, los compañeros, los padres,
etc. Los obliga a un abandono con resentimientos.
6. Cuando la relación con los maestros o la autoridad es tensa, las
manifestaciones más comunes del trato para con los educandos es de
indiferencia, de eventos esporádicos de aceptación coyuntural, de franca
tensión y de de humillación; siendo esta última la que mayores marcas deja
en los individuos.
7. Los individuos con un mal desempeño escolar, perciben e introyectan una
descalificación social generalizada de “no servir para nada”, ser “burros” y
hasta “delincuentes”; sentimiento que rebasa las fronteras de la escuela y es
fuente de grandes resentimientos sociales.
Las conclusiones más importantes que en materia de escolaridad y menores
infractores señala en sus estudios la fundación Reintegra, son:12
11 Kessier, Gabriel, “Experiencia escolar de jóvenes en conflicto con la ley”. Ponencia en Desafíos de educación secundaria
en Francia y en los países del Cono Sur”, Argentina, 2003
• La educación es un factor central de protección contra las infracciones.
• El abandono escolar se presentó antes de la comisión de la infracción, por lo
que ésta no interrumpe la carrera escolar.
• El 36% de los infractores se encontraba estudiando cuando se cometió el
delito.
• La cancelación de la actividad escolar fue un determinante importante en la
comisión del delito.
• El 77.8% tenía estudios de nivel completos y el resto no los había terminado.
• La reintegración escolar proporciona a los infractores no solo conocimientos,
sino ampliación de horizontes. Los que estudiaron bajo el programa
manifestaron que se reafirmó el objetivo escolar.
• La reinserción escolar tiene más éxito a menor edad y en el nivel secundaria.
• A mayor edad la escolaridad compite negativamente con el deseo de laborar,
relegando a la escuela a un segundo término.
• El valor que la familia otorgue a la educación es un determinante para que el
infractor retome los estudios.
• El reconocimiento hacia la importancia de la educación es introyectada como el
“deber ser”, más que como una necesidad propia de sus intereses.
• El desinterés fue la causa mayoritaria del abandono del proceso de reinserción
mediante la escolaridad.
• Se percibe una falta de relación positiva entre la escolaridad y el ingreso
obtenido a través de ella; producto de que sus pares o familiares no se ocupan,
ni tienen ingresos superiores por más estudios; teniendo que dedicarse a
trabajos informales.
• Reconocen que el programa de becas tuvo pocos resultados, atribuyéndolo al
desinterés de los beneficiarios del programa; reportando que es necesario
antes de ofrecerla analizar las condiciones de los individuos con respecto a su
desempeño escolar, posibilidades económicas para gastos extras, etc.
Atención especial queremos prestarle al hecho reportado en casi todas las
investigaciones señaladas, referido a la escasa formación ciudadana de los
infractores en tres niveles:
1. La percepción del hecho constituyente de delito es desconocido o percibido
diferente; los límites de la “travesura” y el acto ilegal no le representan una
frontera clara. La violencia por ejemplo es considerada más como un juego,
una necesidad de integración y reafirmación que una violación a las leyes.
12 Fernández, Ramírez, Ma. Estela, Guzmán Frías, Sergio y Rosales Ortega, Ross Mery, “La reintegración de adolescentes
en conflicto con la ley”. Ed. Reintegra, México 2007.
2. La responsabilidad social de educación, salud, etc., el poder y la facultad del
Estado de ejercerlo a través de las leyes ante los ciudadanos y en los
conflictos entre particulares, no es comprendido. La responsabilidad de las
instancias jurídico-policiacas y en general del Estado para con todos, es
subordinada a la creencia de su plena libertad y responsabilidad individual;
que es posible cometer faltas, disculparse o reparar el daño entre
particulares sin que sus actos tengan consecuencias sociales y sin que la
autoridad deba intervenir. Los casos son variables, uno de ellos por ejemplo,
es cuando manifiestan que los vecinos no deben intervenir ni solicitar la
fuerza pública cuando ellos no roban en su colonia o cuando se drogan pero
no la venden a sus amigos de la cuadra. Muchas veces no entiende a
cabalidad porque los castigan.
3. La idea de la convivencia social es escasa, no se comprenden los deberes y
derechos ciudadanos, muestran un marcado desinterés por la ayuda a otros
y el trabajo colectivo, reproducen las desigualdades entre sus propios
compañeros, etc.
CARACTEROLOGIA DEL RECLUSO EN EL DISTRITO FEDERAL
El Estado de México junto con el Distrito Federal, son las entidades que en el
período de 1995 - 2006, tuvieron los mayores incrementos en su población recluida
con el 12.7% y 13:5% respectivamente.
En los penales del Distrito Federal tenemos que:13
• El número total de internos y preliberados es de 24 709, de los cuales el
66.4% tienen entre 18 y 30 años.
• La mayoría de los internos son jóvenes.
• El 45% de los presos tiene una edad entre los 18 y 30 años.
• 2 de cada 3 sentenciados purga condenas por robo simple.
13 “Delincuencia, marginalidad y desempeño Institucional. Encuesta realizada en reclusorios del D.F.”, CIDE, México 2005.
Datos aceptados por la Procuraduría General de Justicia del GDF. En su documento “propuesta de una política criminal en la
procuración de justicia en el D.F.
• La mitad de los delitos son por montos de poca cuantía que no rebasan los
$ 2, 000.
• La mayoría de los recluidos son primos delincuentes.
• El 68% de los menores infractores tienen entre 16 y 17 años.
• El mayor índice delictivo en los menores es el robo a transeúnte.
• El 83% de los jóvenes recluidos cometieron delitos patrimoniales.
• Las familias de los internos les proveen de bienes básicos y de dinero para
las extorciones de que son objeto dentro de los penales.
• No se han observado mejoras en los programas de readaptación social.
• El 64% desconoce el reglamento interno del centro penitenciario.
REINCIDENCIA
Para darnos una idea del fenómeno de la reincidencia señalaremos que en España
ésta varia del 16.7 % para la edad de 12-13 años, el 18.1% para los de 14-15 años
y un 2.4% para los jóvenes de 16-17 años; por otro lado la multirreincidencia va del
2.8% en los pequeños al 6.5% en los mayores.14
Para el caso de México tenemos la reincidencia se presenta así:
• 52% para los varones y 36% en mujeres
• 1 de cada 3 sentenciados ya había estado en prisión antes o preso en una
reclusión para menores.
• Los jóvenes presentan la mayor reincidencia delictiva.
EDUCACION DE CALIDAD
La educación de los grupos mórbidos requiere de educadores especiales con una
formación diferenciada, de manera tal que la calidad en el proceso de enseñanza
aprendizaje asegure la socialización de los aislados, de los diferentes. La
desviación social producto de la delincuencia, necesita verdaderos reeducadores
para la reinserción social más que carceleros y policías.
14 Morant, Vidal op. Cit.
El modelo educativo, delincuencial y de inserción social que atribuye el mayor peso
del riesgo y su superación a las potencialidades y condiciones de los individuos no
aplica a los grupos marginados.
Los programas y apoyos educativos deben ser de una calidad tal, que persuadan a
los internos que su aceptación les beneficia más que su rechazo, dejarla a la “libre
y espontanea” decisión de los delincuentes basada en las normas desviadas de su
comunidad, es un error. Es preciso recordar que los grupos marginados, requieren
el apoyo estatal y social para salir de su situación, históricamente se a visto que la
propia dinámica interna no resulta suficiente para su superación; generación tras
generación repiten los modelos conductuales de su referencia inmediata. El apoyo
a estos grupos requiere no solo conocimientos especializados, sino sensibilidad
social y visión de largo plazo
De la misma manera que la personalidad solo se adquiere en la sociedad, la
conformación de la ciudadanía se forma en relación con el grupo que se convive.
El impulso a la escuela no es solo académico, es también un mensaje de no olvido
social, se le dice al joven que es importante, que la sociedad se preocupa por él.
Si el gobierno demuestra preocupación en la educación, el individuo puede
percibir que también es capaz de atender otras esferas de lo social, generando
oportunidades, abriendo expectativas positivas hacia la sociedad que lo marginó
en otros tiempos. Esto incidiría en la vulnerabilidad hacia el delito.
Elevar la calidad de la educación para estos grupos, requiere una red de
conectividad entre diversos apoyos especializados en el tipo de población. Es
preciso la adecuación de los contenidos y métodos de enseñanza convencionales
que fueron diseñados para individuos o grupos en libertad (es difícil escolarizar en
prisión con programas de sistemas abiertos enfocados a personas que ya tienen
introyectada la doble jornada de trabajar y estudiar, por ejemplo), la formación de
educadores especiales, sensibilidad y visión de largo plazo, incentivos económicos
y apoyos familiares que posterguen la necesidad laboral mientras se afianzan en
la escuela, condiciones especiales de reclusión y apoyos extras para su
manutención interna y la de su familia, procesos terapéuticos integrales, inclusión
de la formación cívica y laboral como una parte fundamental de reeducación.

NORMATIVIDAD
El derechos a la educación esta garantizado para
todos y reconocido a la necesidad de la
rehabilitación pero las entidades actúan de manera
separada no se mencionan una a la otra
En cuanto a la Secretaría de Educación del GDF tenemos que:
En el “Acuerdo Social por la transformación y la calidad de la educación en la
Ciudad de México”, si bien en las líneas de política y las estrategias es posible
inferir las bases para el apoyo general y prioritario de grupos marginados; las 19
acciones solo explicitan la relación de la seguridad con la educación en el
programa “Un, dos, tres por mí y por mi escuela”; el cual está referido a “mejorar el
entono y la seguridad escolar y fortalecer las acciones de prevención y atención a
las adicciones en los jóvenes” .15
En el Documento “Aun año de gobierno” la actual administración una vez más deja
plasmado su compromiso de “transformar las condiciones que generan
desigualdad y exclusión. En una palabra equidad en la ciudad”; sus 20
compromisos para el 2008 contienen importantes metas dedicadas a la educación,
la recreación y la asistencia social; en cuanto a la seguridad se habla de “3, 4000
nuevos elementos de policía, 4,000 cámaras, 1,000 patrullas, 500 módulos de
seguridad, un nuevo reclusorio y un centro de emergencias”16; desgraciadamente
la relación educación, delincuencia, población en riesgo o recluida, no está
15 “Acuerdo Social por la transformación y la calidad de la educación en la Ciudad de México”, Secretaria de Educación,
GDF, México 2008.
16 “A un año de gobierno”, Gobierno del Distrito Federal, México, 2008.
explícitamente considerada como un propósito concreto con recursos y criterios
objetivos por alcanzar.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del D.F. reconoce que:17
• Leyes más severas, más jueces, más policías y más cárceles significan más
reclusos, pero no necesariamente menos delitos. Los delitos son un
problema de salud pública y sus causas múltiples.
• Es necesario instrumentar campañas para promover la cultura de la
legalidad.
• Dado que el presupuesto para el mantenimiento de las prisiones creció en
menos de la mitad con respecto al incremento de internos, se dio una
marcada desinversión en la readaptación social.
De la revisión de las propuestas en el documento señalado, encontramos que la
mayoría de las acciones se encaminan a la captura de los infractores; hay
propuestas para la prevención del delito, pero éstas no tocan la problemática
relacionada con la educación en ningún punto fuera de las campañas
promocionales y finalmente, la rehabilitación no se menciona; salvo para exponer
que sus resultados son bajos. Es importante destacar la mención que se hace
para la realización de estudios concretos en materia de delitos, pero esto no se
refleja en programas específicos.

PROGRAMAS
1.- Públicos
Desde el año 2002 el Instituto de la Juventud del Distrito Federal maneja el
“Programa de Atención a Jóvenes en Situación de Riesgo, PAJSR”, el cual tiene
como objetivo general “promover la integración social de jóvenes preferentemente
de entre 14 y 29 años de edad, que se encuentren en situación de riesgo, para
prevenir y protegerlos de la violencia, el delito y las adicciones, garantizar el
17 “Propuesta de una política criminal en la procuración de justicia en el D.F.”, Procuraduría de General de Justicia del D.F.
México 2008
ejercicio pleno de sus derechos, así como generar una mejor convivencia familiar
y comunitaria”.18
El programa atiende a jóvenes que viven en colonias marginales, que presentan
altos índices delincuenciales, que hayan abandonado la escuela, no tengan
empleo, se presente en su hogar violencia o desintegración, sean adictos, cuenten
con una economía precaria o estén involucrados en grupos delictivos.
Sus acciones y logros más destacados son:
• Entrega de 9,000 de tarjeta para el transporte gratuito en la ciudad.
• Apoyo económico a 3,000 jóvenes a cambio de servicios comunitarios.
• Atención a 9,077 jóvenes guiados por 300 tutores sociales que detectan su
problemática y les presentan alternativas de solución.
• Cursos de preparación para el ingreso a nivel bachillerato y superior a 600
beneficiarios.
• Becas para pago de colegiatura en colegio particular, a 86 alumnos.
Como se observa, el PAJSR es un programa fundamentalmente preventivo, con
limitados resultados, entre otras causas por lo escaso de sus recursos; su
intervención en la educación es muy estrecha, la escuela no desempeña un rol
primordial en la reinserción social y normalmente se enfoca al apoyo de aquellos
que “quieren estudiar” y no lo pueden hacer. Su trabajo no se dirige explícitamente
a jóvenes delincuentes o en reclusión.
Privados
A nivel de la sociedad civil existe la Fundación Mexicana de Reintegración Social,
quien con recursos privados, busca “la sustitución del castigo por el tratamiento, la
cárcel por el centro terapéutico”19; respaldando la rehabilitación y readaptación de
los jóvenes infractores. Durante el año 2005 su programa de desarrollo humano de
coinversión social, manejó recursos por $200,000.
18 “Lineamientos y mecanismos de operación del programa de atención a jóvenes en situación de riesgo”. Instituto de la
Juventud del Distrito Federal, GDF, México, 2008.
19 Fernández, Ramírez, Ma. Estela, Guzmán Frías, Sergio y Rosales Ortega, Ross Mery, “La reintegración de adolescentes
en conflicto con la ley”. Ed. Reintegra, México 2007.
Entre sus resultados más significativos se encuentran20:
• En el año 2006, se pagaron 3 942 fianzas de jóvenes primo delincuentes, de
escasos recursos y sentenciados por delitos menores. En 11 años de
existencia han pagado un total de 52, 000 fianzas.
• En el mismo año se trabajó con 41 infractores de entre 15 y 18 años de
edad.
Como se observa, los recursos y resultados de este programa, son todavía más
limitados; sólo trabaja con infractores, dado que su interés se centra
fundamentalmente en el trabajo terapéutico integral incluyendo a las familias, la
educación es una más de las soluciones a la problemática, de ahí que solo se
brinden las orientaciones a las alternativas convencionales accesibles a sus
condiciones, generalmente sistemas abiertos.

CONCLUSIONES
PROPUESTAS
Derivado de los señalamientos expuestos ponemos a su consideración las
siguientes propuestas:
1. Establecer la presencia del Gobierno de la Ciudad ante los infractores,
mediante la educación, proyectando el mensaje de un profundo interés por
su persona, bajo la consideración que tarde o temprano van a salir y se
requiere su reinserción social.
2. Considerar como primordial en el combate a la delincuencia la prevención
antes que el castigo.
20 “Audaz programa de justicia”, Diario El Sol, mayo de 2007. http://www.comunicarseweb.com.ar/biblioreca/noticias-
07/0433.html.
3. Incrementar sustancialmente la inversión en la prevención del delito y en la
rehabilitación de los sentenciados e internos; abandonado las inercias de
considerar los fondos casi exclusivamente al incremento de equipo y
fuerzas policiacas para la disuasión y detención.
4. Destinar apoyos económicos de los programas existentes (becas,
despensas, privilegios carcelarios, etc.) a los individuos y familia en
rehabilitación.
5. Coordinar programas conjuntos entre las instancias de seguridad,
educación y desarrollo social.
6. Con apego al derecho nacional, priorizar en las sentencia a menores la
rehabilitación desde el exterior reduciendo la internación.
7. Fomentar la educación como sistema fundamental para la rehabilitación de
infractores.
8. Adecuar programas y elevar la calidad de la educación en los individuos en
rehabilitación, considerando que son un grupo marginal que requiere
necesariamente ayuda externa para el cambio.
9. Formar educadores especializados en la rehabilitación de infractores.
10. Considerar la educación cívica en los programas educativos de prevención
y rehabilitación, incluyendo la elaboración de libros y materiales específicos,
tal como se hace en la educación sexual por ejemplo.
11. Hacer partícipe a la sociedad civil en la atención del joven infractor, la
familia, la escuela, las organizaciones civiles, etc.
12. Realizar estudios específicos acerca de la seguridad donde se incluya la
relación con la educación, para explicar la problemática de ésta en la
Ciudad de México.